Cerca de 11 meses han transcurrido desde el desastre medioambiental y social ocurrido en Quintero-Puchuncaví, luego de los sucesivos episodios de contaminación en la zona provocados por los gases emitidos desde el cordón industrial. Hasta el momento no existe claridad sobre las responsabilidades individuales de un hecho que aún repercute entre las y los habitantes del lugar.

Por José Ojeda Vargas, Camila Pérez Soto, Francisca Vargas R. y Constanza Viera G.

Los episodios de contaminación en Quintero-Puchuncaví han sido históricos. Alrededor de 60 años en que la gente de esta zona de sacrificio ha tenido que lidiar con las consecuencias de vivir en un lugar concentrado de industrias. 60 años en donde recién hace un par de meses un órgano del Estado reconoce que se han violado los Derechos Humanos de quienes conviven día a día con la contaminación. Una habitante de Horcón recuerda que desde hace 26 años siente acidez en la garganta al respirar el aire mañanero del lugar.

Pese al pronunciamiento de la Corte Suprema, la población mira sin muchas esperanzas lo que pueda pasar en relación a las empresas instaladas en la zona. Sin embargo, la organización sigue viva. «¿Por qué los colegios tuvieron que estar paralizados un mes y el cordón industrial en ningún momento dejó de funcionar? Es como que la culpa hubiese sido de nosotros. O sea, los cabros que estaban estudiando tuvieron la culpa de intoxicarse, no las empresas«, expresan con indignación desde Salvemos Quintero.

Implicancias del fallo de la Corte Suprema: “no soluciona nada en el corto plazo”

Por Francisca Vargas R. y Constanza Viera G.

En agosto y septiembre del 2018, se registraron los primeros episodios de intoxicación masiva en la zona de Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Cerca de 1.800 personas fueron atendidas de urgencia por síntomas como náuseas, mareos o adormecimiento de cara, manos y piernas debidos a la excesiva contaminación ambiental registrada en la zona. Debido a la gravedad del problema, vecinos de Quintero y Puchuncaví y otras entidades, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentaron 12 recursos de protección en contra de organismos públicos del Estado por incumplimiento de deberes, y a empresas del sector como ENAP Refinerías, Enel Generación Chile, Codelco Chile División Ventanas, Asfaltos Chilenos y ocho empresas más, a las cuales se les adjudicaba la responsabilidad de emitir gases y compuestos químicos que provocaron la emergencia medioambiental.

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero recogidos por la Corte Suprema de Justicia, quien acogió nueve de los doce recursos iniciales, fallando en mayo de este año a favor de los afectados. En el fallo que consta de 81 páginas, sostiene que no existen evidencias suficientes para atribuir responsabilidades a las empresas por los casos de intoxicación, pero como dicta el principio precautoria en el derecho, se deben adoptar las medidas para identificar qué gases son los que están afectando la salud de la población de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, y las acciones para prevenir nuevos episodios de intoxicación.

El fallo de la Corte Suprema fue considerado histórico por parte de los vecinos y diversas organizaciones medioambientales, ya que se reconoce explícitamente la vulneración de los derechos humanos de los vecinos de la zona, como el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente sin contaminación. Y además, reconoce la responsabilidad del Estado chileno por su inacción ante la vulneración de esos derechos. Para mitigar el problema, la Corte Suprema estableció 15 medidas, entre ellas están la identificación de los contaminantes presentes en la zona y su proveniencia, acciones para reducir los contaminantes, la creación de un plan de emergencia por parte de la ONEMI, la creación de un sitio web para mantener a la población al tanto de las medidas que se realizan, donde pueden denunciar posibles contaminaciones y la modificación del plan regulador de Valparaíso. Sin embargo, estas medidas no logran cubrir las necesidades de la comunidad afectada, situación que tiene a la población afectada con un gusto amargo y un sentimiento de impotencia. Sergio Montenegro, abogado especialista en medio ambiente, señaló que el fallo creó muchas expectativas en la población de Quintero-Puchuncaví, expectativas que causaron decepción en los vecinos pues la Corte Suprema no dio una solución concreta e inmediata.

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Las críticas más compartidas entre especialistas sobre el fallo se centran en la nula respuesta inmediata a las acciones que deben tomarse frente a la realidad que están viviendo los habitantes de la zona de sacrificio. Las quince medidas presentadas por la Corte Suprema buscan principalmente realizar estudios que permitan analizar la situación actual, para recién posteriormente tomar cartas en el asunto, medida que solo mostrará resultados en un futuro lejano. Es en este punto que Hernán Ramírez, ingeniero de ejecución en pesca e investigador asociado a la Fundación Terram, indicó que: “Junto con el problema de los inventarios, está el problema de la normativa, de lo que es considerado en Chile en el aspecto normativo como contaminación. Ahí hay un curso medio bizantino en que encargan al mismo Ministerio de Medio Ambiente resolver esto, hacer nuevos inventarios y tomar nuevas medidas. Casi todo lo establecido en el fallo es “podrá establecer” o “verá la pertinencia” respecto al ministerio, o sea, le devuelve el problema para que vea lo que es pertinente, que haga estudios y que defina acciones. Pero en lo concreto, no dicta nada en específico”.

La integrante de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero Puchuncavi (MUZOSARE), Marta Aravena, manifestó que: «Necesitamos de forma urgente que se concrete lo que se comprometió el señor Piñera cuando estuvo el año pasado, que es tener un plan de descontaminación integral. Para eso necesitamos las normas primero”

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Una de las medidas señaladas en el fallo, a largo plazo, plantea que luego de un análisis por parte de las autoridades correspondientes, las industrias deberán reducir las emisiones de gases a cifras que se establecerán para cada empresa, determinando parámetros que comenzarán a regir en un plazo acotado y preciso. Este punto del fallo tuvo su continuidad el 30 de marzo, día en el que el Ministerio del Medio Ambiente publicó el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica. El objetivo de este plan, con duración de cinco años, se centra en lograr el cumplimiento de las normas de calidad de aire en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Según el Ministerio del Medio Ambiente, esta norma contempla ”el congelamiento inmediato de las emisiones y la reducción de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) en un plazo de tres años para las empresas Codelco Ventanas, AES Gener y Enap, responsables del 76% de las emisiones de MP, del 99% del SO2 y del 81% de las emisiones de NOx2”. Frente a esta medida impartida por el gobierno de Sebastián Piñera, el dirigente de la Asamblea Puchuncaví, Juan Valladares, en entrevista con la Radio Universidad de Chile, señaló que la comunidad de Puchuncaví rechaza el plan de descontaminación pues es la legalización de la muerte, ya que no vela por el resguardo de los vecinos de la zona de sacrificio.

Otra medida implementada por el Gobierno para descontaminar la zona, es el Plan de Descarbonización de las matrices energéticas que comenzó en junio de este año. Su puesta en marcha comenzó con el cierre de dos centrales de energía a carbón ubicadas en la ciudad de Tocopilla y pretenden erradicar completamente las centrales a carbón más antiguas para el año 2040. En Chile, el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con 28 centrales termoeléctricas a carbón, ubicadas en las comunas de Puchuncaví, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. No obstante, esta medida fue considerada como una vergüenza por parte de organizaciones medioambientales, pues no se le da la urgencia necesaria a acabar con las zonas de sacrificio como lo son Quintero, Puchuncaví y Ventanas, pretendiendo que sus habitantes convivan por veinte años más, con las mismas condiciones de contaminación que han provocado las intoxicaciones masivas.

Hasta ahora, los habitantes de la zona reclaman por el incumplimiento de las medidas presentadas por la Corte Suprema de Justicia. Según la Fundación Terram, que se dedica a crear propuestas de desarrollo sustentable en el país, en la zona se registraron al menos tres nuevas intoxicaciones en el mes de junio, afectando principalmente a menores de edad. Es por esto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) exigió el pasado martes 2 de julio a la Corte Suprema que dé cuenta del cumplimiento del fallo dictado por la misma, específicamente las acciones que han realizado el Ministerio de Salud y la ONEMI respecto a las 15 medidas expuestas en el fallo para resolver los episodios de intoxicación en la zona.

La exigencia es presentada debido a los altos niveles de dióxido de azufre (S02), detectadas por estudios del Colegio Médico de Chile, en donde se constató que en reiteradas ocasiones las cifras del gas en el ambiente supera la norma establecida, correspondiente a la nueva medida de Calidad de Aire Dióxido de Azufre publicada en mayo de este año en el diario oficial. De acuerdo a la Fundación Terram, las medidas de prevención dictadas por la Corte Suprema no han solucionado los problemas de intoxicaciones, además, las medidas que supondrían una ayuda ante estos episodios, como el traslado de menores de edad y personas vulnerables a lugares seguros en episodios de contaminación, no han sido realizadas. Según los vecinos del sector, la zona de Quintero-Puchuncaví sigue igual de intoxicada que en agosto del 2018 cuando todo comenzó.

¿Qué pasa hoy en la zona?

Por Camila Pérez Soto y José Ojeda Vargas

El fatídico 21 de agosto

El 21 de agosto de 2018, cerca de 50 estudiantes y dos profesores fueron evacuados de tres colegios en Quintero. La nube tóxica proveniente del cordón industrial de Quintero Puchuncaví, lugar en donde están las fundiciones, refinerías de cobre y las cuatro termoeléctricas a carbón más contaminantes, se instaló en la zona. Las causas de los vómitos, náuseas y desvanecimientos fueron desconocidas durante varios días. La seremi de Educación de Valparaíso decretó la suspensión de las clases al día siguiente. Tras diez días, los afectados alcanzaron los 408 según la Dirección Regional de la Onemi en Valparaíso.

Priscilla Pacheco, vocera de la organización Salvemos Quintero y Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví, recordó como caóticos aquellos días. El tercer episodio de contaminación “fue llegar al hospital y ver desde el inicio del hospital a niños tirados en el suelo hasta el fondo del hospital. Esa era la imagen que nos ofrecía el hospital de Quintero”, señala.

René Hernández, pescador artesanal de la zona recuerda que: “Ese día mi hijo se levantó, como un día normal y se fue al liceo. Como a los 15 minutos me llamaron por whatsapp diciéndome que se estaban desmayando los niños en el colegio. Yo me levanté rápidamente y me fui para allá a buscar a mi hijo. Cuando iba llegando allá me comencé a sentir mal y me di cuenta que la contaminación también me había afectado a mí”.

Quintero y Puchuncaví en la actualidad, ¿qué ha cambiado?

A un poco menos de un año de la catástrofe medioambiental y social, Marta Aravena, advierte que: “La condición actual sigue siendo la misma o peor, porque hoy día estamos en conocimiento de que aquí pasa algo grave, pero nadie hace nada”. También comenta que las soluciones que se han entregado solamente han servido como parche ante un problema estructural mayor, con episodios de contaminación que se arrastran desde hace 60 años, lo que está presente en el suelo, aire y agua. Esto, según Marta, ha sido “completamente invisibilizado”.

La situación más problemática que denuncia es la falta de normas respecto a la mayoría de elementos con los que trabajan en el cordón industrial, como el arsénico, que es el mayor contaminante. Estas normas, como expresa Marta, deben resguardar el derecho humano a la salud y homologarse a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro de los efectos que trajo consigo los sucesivos períodos de contaminación en la zona han tenido relación con el aprendizaje de niños y niñas. Marta Aravena dice que como agrupación de mujeres que se conformaron para velar por los niños, niñas, jóvenes y las mujeres en etapa de gestación, han visto muchas enfermedades asociadas a los contaminantes emitidos por las empresas instaladas en Quintero-Puchuncaví.

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Priscila Pacheco es enfática en decir que, para el Estado, la gente de Quintero-Puchuncaví no vale nada: “El nivel de prioridad es cero. Hasta la fecha no hay respuestas, no hay culpables. La Corte Suprema acepta un fallo que era algo que se venía mencionando durante todo el año de movilizaciones. Estábamos claros que el Estado había sido negligente y había omitido deberes, y por eso debían ser removidos del cargo muchas de las personas que fueron las que dieron cara, mintiendo directamente a todo el país y al extranjero”.

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El pasado 27 de junio, la Municipalidad de Quintero advirtió a sus vecinos y vecinas que se habían registrado altos niveles de dióxido de azufre en en el complejo industrial de Ventanas. Se suspendieron las clases de educación física en los establecimientos educacionales y se recomendó a la población abstenerse de hacer cualquier tipo de actividad física. En su página de Facebook, la Municipalidad emitió el siguiente comunicado:

“Debido a condiciones meteorológicas adversas que se mantiene hasta estos momentos (9:50 AM) con viento de baja intensidad que proviene desde el cuadrante sur-este, se observa en el sistema de vigilancia ambiental del complejo industrial Ventanas la presencia de valores altos de concentración de SO2 desde la 7AM hasta este momento, con promedios horarios de 900 (7AM) y mayores de 600 ug/N m3 (9 AM). Se sugiere a la población evitar la actividad física al menos hasta el mediodía donde se emitirá un nuevo informe«.

Diversas personas manifestaron tener dolores de cabeza y picazón en los ojos. Si bien la intensidad de los síntomas no fue del calibre de lo que ocurrió en 2018, surge la incertidumbre en la población sobre el origen y responsabilidad de estos repetitivos episodios de contaminación que consagran a Quintero y Puchuncaví como la zona de sacrificio ambiental más afectada del país.

Priscila Pacheco es categórica al señalar que: “A mí me están quitando mi vida. Mi identidad. Mi patrimonio. A mí me quitaron la oportunidad de salir a caminar, respirar y mirar el sol, bañarme en un mar limpio sin metales pesados, tomar un agua que no esté contaminada con arsénico«.

María Araya, representante del consejo consultivo (de los usuarios) del hospital Adriana Cousiño de Quintero, comenta que es urgente la demanda de un hospital de alta complejidad que cuente con unidades oncológicas: “Nosotros teníamos claro que estamos viviendo en un cordón industrial que contamina. El tema es que las condiciones del hospital, que es de grado 4, es de lo más básico, es como una posta rural. Con suerte tenemos tres médicos y médicos generales”. María agrega que todo es por la negligencia del Estado, «porque nosotros anteriormente, como consejo consultivo, le explicamos a la Ministra por qué queríamos cambios en el hospital y le decíamos que el hospital no estaba preparado si hubiese una intoxicación masiva”.

Hasta la fecha no hay claridad ni responsables claros de lo que dio origen a los episodios de contaminación en la zona el año pasado, pero un reportaje de Radio Bío Bío reveló que la hipótesis más acertada en la carpeta de investigación del Ministerio Público, sería que esta derivó del mal tratamiento que tuvo la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), de un petróleo proveniente de Irán, que fue ingresado al país como el pago de una deuda de 28 millones de dólares, que tenía ese país con la ENAP. Este crudo superaba en 8.900% la norma internacional permitida de ácido sulfhídrico (H2S).

Por otro lado, se hace importante destacar que quedan sólo unos meses para la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá a Chile como país organizador de la cumbre más importante del mundo sobre cambio climático: La COP 25. Ésta reunirá a 197 países entre el 2 y 13 de diciembre de este año. En la instancia se establecerán criterios para cumplir el Acuerdo de París, convención Marco de la ONU que fija medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Chile propuso que se incluyeran entre los temas a discutir el cuidado de los océanos y la Antártica, las energías renovables, la protección de los ecosistemas y bosques, etc.

Sin embargo, a tan sólo 5 meses de esta cumbre, Chile no ha entregado respuestas concretas a las comunidades de Quintero y Puchuncaví, más allá del fallo de la Corte Suprema y el plan de descarbonización de Chile, anunciado en la cuenta pública el pasado 1 de junio. Tampoco se ha problematizado la situación de las demás zonas de sacrificio ambiental ni se han entregado soluciones a los diversos conflictos socioambientales activos de norte a sur en el país.